El servicio de Agua y Saneamiento de la Capital Federal y los 17 partidos del Gran Buenos Aires brindado por AySA, que sirve a unos 10 millones de habitantes, demandó en los diez años que van desde su estatización en 2006 unos u$s 10000 millones, según las estimaciones que se pueden realizar a partir de la información publicada por la Contaduría General de la Nación. Pero los usuarios a través de las tarifas contribuyeron solamente con u$s 2000 millones. Fue el Tesoro nacional entonces el que aportó la diferencia para cubrir el déficit y asegurar el funcionamiento y las inversiones transfiriendo más de u$s 7000 millones. Como ocurre con el transporte colectivo o la electricidad, la región metropolitana tiene así tarifas muy baratas para el servicio de agua y saneamiento y es el Estado nacional quien responde por el déficit. El subsidio redondea unos u$s 70 por habitante por año. Claro que u$s 70 es un promedio y como tal pasa por alto diferencias en el consumo de servicios y en los ingresos de los 10 millones de habitantes y, también, ignora los “merecimientos” de cada uno de ellos para ser subsidiado. Pero el subsidio lo otorga la Nación a los habitantes que viven en una parte del país, la región metropolitana de Buenos Aires y, entonces, los argentinos que viven en el resto del país tienen derecho a percibir un subsidio similar.