Publicado en Ambito.com el 24/6/22
AYSA, la empresa del Estado Nacional que brinda el servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y los 26 partidos del conurbano, recibió del Tesoro nacional en 2021 casi 27.000 millones de pesos (unos u$s 280 millones al tipo de cambio mayorista) para enjugar sus pérdidas y más de $ 124.000 millones (u$s 1300 millones) para realizar obras de mantenimiento y expansión del servicio según la ejecución presupuestaria que publica el sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto. Tarifas subsidiadas y ausencia de financiamiento explican esta situación. Los ingresos por el cobro de facturas, escuálidos como consecuencia de las bajas tarifas, cubrieron menos del 50 % de los gastos de operación que la empresa incurrió en 2021, unos $ 63000 millones.
El Estado nacional de este modo auxilia con cuantiosos recursos a AYSA que sirve a una pequeña región del país, 3363 km2 pero donde viven unos 15 millones de argentinos. El resto del país, provincias y municipios, debe en cambio mantener con sus propios recursos el servicio de agua potable y cloacas brindado por empresas públicas provinciales, empresas públicas municipales y un sinfín de cooperativas de alcance local. Y lo deben hacer con tarifas significativamente más altas porque a veces tienen mayores costos unitarios de prestación por la ausencia de economías de escala y, más importante, no tienen las transferencias del Estado nacional que permitan subsidiarlas como sí tiene AYSA. Las cooperativas que operan en los miles de pueblos y ciudades del país tienen que proveer con elevadas tarifas y una fuerte dependencia de los gobiernos provinciales y municipales para reponer equipos y cañerías. A veces sólo queda el recurso de peregrinar ante el gobernador o el intendente.
Semejante volumen de recursos con que el Tesoro Nacional beneficia a sólo una parte de los argentinos, aquellos que viven en la zona servida por AYSA, genera una inequidad y discriminación del resto del país. Todos los habitantes tienen el derecho a recibir un volumen similar de recursos del Estado nacional para financiar sus servicios de cloacas y agua potable. Remover esta discriminación y dispensar igual tratamiento a todos los habitantes del país implicaría transferir anualmente a cada provincia un volumen anual equivalente al que el Tesoro Nacional transfiere a AYSA. Siendo que AYSA recibió en el año 2021 una suma superior a los u$s 1580 millones a una región donde viven 15 millones de habitantes, el principio de igualdad de trato aconsejaría que el Tesoro Nacional transfiera anualmente valores proporcionales con idéntico fin. De este modo, debería transferir a la Provincia de Santa Fe, por ejemplo, unos u$s 380 millones, a Córdoba algo menos de u$s 330 millones, a Mendoza u$s 215 millones, a Salta unos u$s 155 millones y a Entre Ríos u$s 150 millones.
El congelamiento de tarifas hasta 2015 deterioró sensiblemente la situación económica de la empresa; los ingresos por ventas no alcanzaron a cubrir en ese año los gastos en personal y apenas representaron el 45 % de los gastos de operación. Los diversos aumentos tarifarios ocurridos entre 2016 y 2019 mejoraron los ingresos y la situación económica de la empresa a punto que en 2019 las tarifas vigentes cubrían casi el 100 % de los gastos operativos antes de impuestos. El posterior congelamiento de tarifas, otra vez, impactó en los ingresos de la empresa que se redujeron en términos reales más del 20 % en 2020 y más del 25 % en 2021. Los costos siguieron creciendo a paso redoblado y los ingresos de operación de AYSA de 2021 no alcanzaron a financiar el 50 % de los costos operativos.
El tratamiento preferencial que reciben los usuarios de AYSA es posible de este modo gracias a las transferencias del Tesoro nacional aunque tal política acreciente las disparidades regionales, lesione el principio de igualdad, tribute al centralismo porteño y discrimine fuertemente al resto de los argentinos. Y si bien estas transferencias se redujeron notablemente mientras las tarifas se recuperaban, desaparecieron incluso las transferencias corrientes entre 2017 y 2019, los dos últimos años crecieron en forma exponencial buscando apuntalar el déficit de la empresa. De este modo, el total de transferencias, corrientes y de capital, crecieron en términos reales respecto del año anterior un 200 % en 2020 y un 76 % en 2021.
Tarifas subsidiadas, déficit y dependencia de AYSA de las transferencias nacionales es de larga data. A precios de 2021, el Tesoro nacional le transfirió a AYSA, desde el año 2006, casi $ 310.000 millones para financiar gastos corrientes y más de 760.000 millones para financiar gastos de capital. Esto suma más de 1 billón de pesos a razón de 67 mil millones anuales. Este promedio anual es más del doble de los ingresos que tuvo AYSA en 2021 por el pago de tarifas de sus usuarios. Visto de otra manera, el Estado nacional ha subsidiado a los habitantes del área metropolitana con u$s 720 millones por año para que disfruten de un servicio de agua potable y saneamiento a tarifas reducidas. Una vez más: Dios atiende en Buenos Aires. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios de las reducidas tarifas de AYSA no están en la Ciudad de Buenos Aires a la que se refiere la popular sentencia que se usa en las provincias. En la Capital Federal residen 3 millones de habitantes y en los 26 partidos del conurbano a los que también sirve AYSA viven los 12 millones restantes. Las reducidas tarifas de AYSA entonces tal vez tengan que ser explicadas por la ciencia política y la geografía electoral antes que por la economía.