Organismo Nacional de Valuación de Inmuebles: ¿Otra forma de que el costo lo pague la Nación?

El Estado Nacional creó por decreto 938/2018 el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles con el objeto de “…. establecer los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles a los fines de que los mismos sean implementados en los territorios mencionados, y asistir en la gestión de fuentes de financiamiento para el mejoramiento y el desarrollo de los catastros provinciales”. Si esto se realiza, la consecuencia sería un aumento en las valuaciones fiscales de los inmuebles en aquellas provincias donde se encuentran muy retrasados, con el consabido aumento del impuesto inmobiliario en la mayoría de las provincias y también del impuesto sobre los bienes personales, un impuesto nacional que se coparticipa con las Provincias. Pero si así fuera, altamente improbable si se reiteran conductas del pasado, el responsable ante la opinión pública del aumento de la presión tributaria sería la Nación y las Provincias descargarían sobre la Nación el costo político del aumento. Y si además dicho aumento de la presión tributaria sobre el patrimonio fuera compensado por una reducción del impuesto sobre los ingresos brutos, otro impuesto de las provincias, el beneficio ante la opinión pública de esta reducción de impuestos sería muy bajo, al ser el impuesto a los ingresos brutos un impuesto que la población en general no sabe de su existencia y no percibe que lo paga dentro del precio del bien o servicio que compra.  Desarrollemos esta idea.

La Constitución Nacional dispone que los impuestos directos, y el inmobiliario lo es, son una facultad de las Provincias, aunque el Congreso Nacional los puede imponer, según el artículo 75, inciso 2 “…por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan…”. El impuesto sobre los bienes personales y el impuesto sobre los ingresos, impuesto a las ganancias en la jerga habitual, son de este tipo.

Pero la mayoría de las Provincias, salvo excepciones, recaudan muy poco mediante el impuesto inmobiliario, no obstante ser un impuesto que le puede otorgar equidad a la estructura tributaria. al gravar una de las manifestaciones patrimoniales de las personas. Por que? Porque es un impuesto visible, que toda la población percibe instantáneamente, y por ello tiene un costo político muy elevado. Las Provincias prefieren en cambio aquellos impuestos que tienen un costo político menor, aquellos impuestos ocultos que resultan difíciles de ser percibidos por el grueso de la población. El típico impuesto de este tipo es el impuesto sobre los ingresos brutos que, a pesar de ser una obligación tributaria ante el Fisco Provincial de las empresas e individuos cuyas ingresos son gravados, son trasladados al consumidor final formando parte del precio del bien o servicio, de modo que son los consumidores finales quienes soportan finalmente el impuesto y resultan ser el verdadero contribuyente. Pero solamente los contadores conocen esta traslación; la población nada sabe que dentro del precio del producto que está comprando se incluye algo que las Provincias denominan impuesto sobre los ingresos brutos. Típico impuesto oculto.

Y el impuesto inmobiliario es en la mayoría de las provincias muy bajo exactamente porque las valuaciones fiscales de los inmuebles que realizan las Direcciones de Catastro provinciales son muy bajas. El valor fiscal es muy bajo en relación al valor de mercado de los inmuebles y el impuesto inmobiliario resulta así relativamente bajo. Ya hubo en el pasado intentos de la Nación para que las Provincias mejoren sus sistemas de valuación de inmuebles. Hubo costosos operativos financiados por organismos internacionales, el Banco Mundial entre ellos, que apuntaban a mejorar el sistema de valuación y actualizar sus valores. Pero cuando llegó el momento de aplicar los nuevos procedimientos y las nuevas valuaciones el operativo se detuvo en la mayoría de las provincias pues esto significaba aumentar la base imponible del impuesto y, consecuentemente, el propio impuesto. Allí terminó todo. La mayoría de las Provincias continuaron así con las valuaciones de los inmuebles totalmente desactualizadas y un impuesto inmobiliario reducido. A cambio, el impuesto a los ingresos brutos elevado. Por qué? Porque el impuesto inmobiliario, que tiene virtudes deseables, es un impuesto visible que tiene un costo político elevado;y el impuesto a los ingresos brutos, que tiene “virtudes” indeseables, es un impuesto oculto que tiene un costo político mucho menor.

¿Será esta vez diferente la historia?

 

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