El denominado déficit primario de la Administración Pública Nacional (APN) se redujo 1 punto del PBI en 2022 con relación al 2021 pasando del -4,6 del PBI al – 3,6 % del PBI apuntando a cumplir con los compromisos asumidos con el FMI, según se desprende del reciente Análisis de la Ejecución Presupuestaria de la APN del Año 2022 publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Este desempeño es consecuencia de una reducción de los ingresos de $ 573.388 millones a precios de 2022 (- 4,2 %) y de un ajuste de los gastos primarios (gastos totales sin computar intereses de la deuda) de mayor relevancia que cayeron un – 7,4 %, unos $ 1.270.436 a precios de 2022; el gasto primario devengado de la APN redondeó así el 19,5 % del PBI ( $ 15.959.145 millones).
¿Quién hizo el ajuste del gasto primario de acuerdo a este Informe? La inversión pública hizo el mayor aporte a este ajuste. Los Gastos de Capital en efecto se comprimieron $ 773.270 millones con relación a 2021 a precios de 2022 representando así más del 60 % del ajuste del gasto primario; una reducción de 1 punto porcentual del PBI (2,6 % del PBI en 2021 y 1,6 % en 2022).
Hubo también otros componentes agregados del gasto primario que se redujeron pero en menor medida. Los Subsidios Económicos lo hicieron en $ 271.552 millones a precios de 2022 ( -11,3 %), el Gasto en Bienes y Servicios cayó $ 200.599 millones ( -30.2 % en términos reales), Otros Gastos Corrientes bajaron $ 72.618 (-46,6 %), las Transferencias Corrientes a Provincias cayeron $ 68.751 millones ( -9,9 %) y el Gasto en Prestaciones Sociales que se redujo en $ 16.362 a precios de 2022 (- 0,2 % ) alcanzando en 2022 $ 9.099.023 millones.
Los agregados que le escaparon al ajuste fueron entretanto el Gasto en Personal que creció $ 132.716 millones a precios constantes (+ 8,5 %) alcanzando los $ 1.691.307 millones en 2022 y las Transferencias a Universidades que se expandieron un 3,7 % en términos reales alcanzando los $ 547.517 millones.
Las transferencias a Aerolíneas Argentinas desde el Tesoro Nacional devengadas durante el año pasado alcanzaron el equivalente a u$s 557 millones al tipo de cambio mayorista ( $ 72.908 millones) según se expone en el sitio de la Secretaría de Hacienda de la Nación. Son datos “devengados” y computan movimientos hasta el 28 de diciembre de 2022. Esto es un promedio de u$u,1,5 millones por día, por debajo de los u$s 1,83 millones registrados en 2021. Resta entonces conocer cuales serán las cifras definitivas una vez que la Secretaría de Hacienda complete la carga de datos al sistema a medida que avance el año. Los valores devengados son hasta ahora notoriamente superiores a los que recientemente difundió la propia empresa, u$s 353 millones, que utilizó para su comunicado las transferencias “pagadas” ( $ 47705,04 millones), el concepto que contablemente, a diferencia del concepto devengado, se asimila a lo realizado o percibido (https://www.pagina12.com.ar/516487-aerolineas-crece-y-no-cuesta-tanto. De acuerdo al concepto de devengado en cambio el compromiso ya está formalizado aunque el pago no se haya realizado (https://www.presupuestoabierto.gob.ar/sici/a-que-se-destina-el-gasto).
Como dato complementario, según la nota 8 a los estados contables de Aerolíneas Argentinas del año 2021 publicado en su sitio (https://content.services.aerolineas.com.ar/media/documents/EECC%202021%20AR.pdf), las transferencias realizadas por el tesoro nacional fueron de $ 63551 millones igual obviamente a los valores devengados y realizados registrados por la Secretaría de Hacienda en su sitio presupuesto abierto cuya última actualización de la información se realizó el 4 de julio de 2022.
Los precios de los textiles y la indumentaria vienen creciendo desde 2020 más rápido que el nivel general de precios. Mientras la mayoría de los precios de la economía van por la escalera, los precios de la indumentaria y los materiales textiles van por el ascensor. Esto es lo que se infiere cuando se examina el comportamiento de los diversos componentes del Índice de Precios al Consumidor. Los textiles e indumentaria son actualmente uno de los sectores de la economía nacional más resguardados de la competencia externa. Las licencias no automáticas son el principal instrumento de protección que desde 2020 se viene aplicando profusamente buscando dificultar las importaciones y resguardar a la industria textil nacional. Fueron muy utilizadas hasta 2015, luego tuvieron una reducción gradual, pero a partir de 2020 adquirieron nuevo impulso llevando la protección a niveles elevadísimos. De esta manera, múltiples productos del sector, donde se destacan prendas de vestir y zapatillas deportivas, quedan resguardados de la competencia externa y tienen a su disposición todo el mercado nacional.
Los recientes aumentos de las empresas de medicina prepaga autorizados por la Superintendencia de Salud generaron múltiples discusiones que llegaron incluso a los más altos niveles del gabinete nacional. Los sectores aludidos respondieron que los aumentos se producían para recuperar atrasos anteriores. Las críticas apuntan a los aumentos del servicio de las prepagas. Las críticas olvidan los efectos negativos de los controles de precios sobre los otros componentes del servicio de medicina prepaga; entre ellos, la calidad y las retribuciones de los otros sectores involucrados que tienen pocos mecanismos de defensa,
La dinámica de los precios de la medicina prepaga muestra que los intentos por reprimir sus aumentos desde el poder regulatorio tarde o temprano deben relajarse, autorizando actualizaciones para evitar que el sistema colapse. De ahí que a una fase de crecimiento lento, por debajo del nivel general, le suceda una fase de recuperación creciendo por encima del nivel general de precios del Indice de Precios al Consumidor del INDEC (IPC)
Los precios de la medicina prepaga experimentaron durante los primeros meses de la pandemia un retraso significativo, aunque luego comenzaron a recuperarse, creciendo más rápido que el nivel general del IPC. Desde 2021 vienen recuperando posiciones y desde fines de aquél año están creciendo por encima del 60 % interanual, superando al nivel general del IPC, registrando en el mes de agosto una variación interanual superior al 100 %.
AYSA, la empresa del Estado Nacional que brinda el servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y los 26 partidos del conurbano, recibió del Tesoro nacional en 2021 casi 27.000 millones de pesos (unos u$s 280 millones al tipo de cambio mayorista) para enjugar sus pérdidas y más de $ 124.000 millones (u$s 1300 millones) para realizar obras de mantenimiento y expansión del servicio según la ejecución presupuestaria que publica el sitio de la Oficina Nacional de Presupuesto. Tarifas subsidiadas y ausencia de financiamiento explican esta situación. Los ingresos por el cobro de facturas, escuálidos como consecuencia de las bajas tarifas, cubrieron menos del 50 % de los gastos de operación que la empresa incurrió en 2021, unos $ 63000 millones.
El Estado nacional de este modo auxilia con cuantiosos recursos a AYSA que sirve a una pequeña región del país, 3363 km2 pero donde viven unos 15 millones de argentinos. El resto del país, provincias y municipios, debe en cambio mantener con sus propios recursos el servicio de agua potable y cloacas brindado por empresas públicas provinciales, empresas públicas municipales y un sinfín de cooperativas de alcance local. Y lo deben hacer con tarifas significativamente más altas porque a veces tienen mayores costos unitarios de prestación por la ausencia de economías de escala y, más importante, no tienen las transferencias del Estado nacional que permitan subsidiarlas como sí tiene AYSA. Las cooperativas que operan en los miles de pueblos y ciudades del país tienen que proveer con elevadas tarifas y una fuerte dependencia de los gobiernos provinciales y municipales para reponer equipos y cañerías. A veces sólo queda el recurso de peregrinar ante el gobernador o el intendente. Sigue leyendo →
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La Ley 27614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprobada a comienzos del año pasado, dispone que la función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional, expresada como % del PBI, deberá incrementarse paulatinamente hasta alcanzar, “…como mínimo el 1 % del PBI en el año 2032”. En el corriente año deberá ser del 0,31 % y el año pasado hubiera tenido que llegar al 0,28 %. Los valores registrados de acuerdo a la información oficial de la Secretaría de Hacienda y el INDEC muestran que en 2021 quedó bastante por debajo de ese valor, alcanzó el 0,25 %. ¿Se cumplió la ley 27614 en 2021? De acuerdo a estos valores no pero la redacción de la ley admite tal vez más de una interpretación.
Cuadro 1: % del PBI que deberá destinarse a la función CyT del Presupuesto Nacional según ley 27614
El valor registrado en 2021 fue levemente superior al 0,24 % de 2020, aunque en valores absolutos descontando la inflación la inversión en Ciencia y Técnica de 2021 aumentó un 15 % con relación a 2020. Dicho crecimiento sin embargo es relativamente modesto: se lo está comparando con la inversión en Ciencia y Técnica del presupuesto ejecutado del año 2020, uno de los menores valores de los últimos veinte años. Con un volumen de investigadores y personal técnico que ha crecido mucho más rápido, es en 2020 más del doble del registrado 2003, es evidente la existencia de un ajuste de largo plazo centrado en gran medida en los ingresos de los miembros del sistema y en los recursos e insumos necesarios para la investigación.
La economía argentina viene contrayéndose prácticamente desde el año 2011. Y su desempeño durante la pandemia es decepcionante. El PBi por habitante de 2020 cayó 11,7 % situándose en los niveles del año 2005. Adoptando las últimas proyecciones del FMI del PBI, que se expandiría un 6 % en el corriente año con relación al año anterior, se alcanzaría un PBI por habitante de $ 14515 a precios del año 2004, un valor igual al registrado 15 años atrás.
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El poder adquisitivo del salario en términos de kilos de asado ha tenido una estrepitosa caída entre fines del año 2019 y el presente. En Diciembre de 2019 el salario medio de un trabajador registrado compraba 182 kilos y en la actualidad, Marzo de 2021, solo adquiere 138; una caída de casi el 25 % consecuencia de que el salario medio creció un 52 % y el kilo del tradicional alimento de los argentinos subió el 100 % pasando desde $ 288 a $ 589. El poder adquisitivo del salario es de este modo el más bajo de los últimos diez años. Y esto contrasta con la fase expansiva del poder adquisitivo que exhibió el salario entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, aunque en este último mes tuvo un drástico descenso mes con relación al verificado en el mes anterior. Entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019 la capacidad de compra del salario medio registrado en término de kilos de asado creció en forma espectacular , casi un 40 %, ya que en aquél mes del año 2015 se adquirían 154 kilos de asado y en noviembre de 2019 unos 212 kilos. Tal evolución es consecuencia de una recuperación del salario del 224 % y el kilo de asado sólo aumentó el 165 %.
La evolución de producción de la ciencia argentina en las últimas décadas ha sido decepcionante. Su producción científica ha perdido relevancia en el contexto internacional y se ha asistido a un achicamiento profundo y persistente respecto de casi todos los países de América Latina.
Este desempeño no es consecuencia de que su producción haya caído en términos absolutos. Este desempeño es consecuencia de que su crecimiento ha sido muy lento en relación al que experimentó en el mismo lapso cualquier país de América Latina que se escoja como referencia con una excepción: la producción científica de Argentina aumentó su tamaño con relación a la de Venezuela.
Las publicaciones en revistas especializadas son el producto más importante que surge de la investigación de los científicos. Diversas bases de datos mundiales indexan todas estas referencias bibliográficas y a partir de allí es posible cuantificarlas. SCOPUS es la base de datos más importante del mundo en la actualidad sobre literatura científica. Este procedimiento está sujeto a múltiples controversias y tiene infinitas críticas y limitaciones. Se arguye que discrimina a los países que no hablan inglés, que se ocupa primordialmente de la corrientes principal de la ciencia (mainstream), que ignora las investigaciones sobre temáticas locales, que presta menos atención a las ciencias sociales y humanidades y favorece a algunas ciencias duras y de la salud, que no muestra toda la producción científica, etc.; a pesar de ello es un procedimiento muy utilizado ante la falta de otros y sus limitaciones se atenúan si la comparación se realiza con países de América Latina en la medida que puede presumirse que esta problemática no afecta a algunos países de la región en forma diferencial. En segundo lugar: aquí se usan cifras agregadas y esto ignora a los innumerables científicos argentinos cuyo desempeño se encuentra alejado del promedio, que se destacan cotidianamente a nivel nacional e internacional. Pero ya se sabe, las cifras agregadas ocultan la distribución y el desempeño individual.
La tasa de desempleo del segundo trimestre del año que el INDEC acaba de publicar alcanzó el 13,1 % de la población económicamente activa (PEA), mucho mayor que el 10,6 % que registró en igual período del año pasado. Suba muy importante. Valor muy elevado. Pero este es el denominado desempleo abierto, el visible, el que detectan los instrumentos estadísticos disponibles; son las personas que al momento de la encuesta respondieron que habían buscado trabajo y no lo habían conseguido; son las personas que las estadísticas de todo el mundo, no sólo de la Argentina, “ven” como desocupadas y que, expresadas como porcentaje de todas las que buscan, representaron el 13,1 %. Las cifras disponibles sin embargo permite inferir que hay un desempleo que “no se ve”, que hay una cantidad muy elevada de personas que en el segundo trimestre del año perdieron su trabajo y no buscaron otro ante las dificultades existentes, ante las remotas posibilidades de conseguirlo o, también, que la pandemia les impidió salir a buscar. Y estos son los desempleados ocultos, los que en otras circunstancias saldrán a buscar o, tal vez, los que ya están buscando apremiados por la necesidad. Varios millones de personas que saldrán nuevamente a recuperar su trabajo y sus ingresos, como lo hacían antes de la pandemia, y este es el desafío post pandemia.
El achicamiento del empleo ha adquirido magnitudes impresionantes y muestra la capacidad de destrucción de trabajo que ha exhibido la pandemia, la depresión económica y la cuarentena. Sólo en la Argentina urbana, aquella compuesta por las 31 ciudades y aglomerados más importantes del país donde viven 28.600.000 de personas, perdieron su trabajo más de 2.500.000, diferencia que surge entre las que estaban ocupadas en el pasado segundo trimestre de este año (9.546.000) y las computadas en el mismo trimestre del año pasado (12.073.000). Perdieron su trabajo de esta manera el 9 % de los habitantes de la Argentina Urbana. Coincidencia o no, paradoja o no, esto significa que la cantidad de puestos de trabajo cayó un 21 %, un porcentaje incluso mayor al que cayó la actividad económica en igual lapso según el INDEC: – 19,1 %. Un récord peor que 1 x 1: el empleo cayó 1,10 % por cada 1 % que se redujo el PBI. Y un volumen mayor incluso que aquellos 2,5 millones cayó afuera del mercado y no fue captado como desempleados. Sigue leyendo →
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En la Cámara de Diputados de la Nación han ingresado tres proyectos que buscan normar y establecer valores destinados a financiar el sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. Tienen entre sí diferencias diversas (Objetivos, Monitoreo, papel y relación con el sistema científico nacional, autoridad de aplicación, coparticipación a los sistemas provinciales) pero el objeto principal es coincidente: establecer un valor anual en el presupuesto para financiar al sistema científico. Los tres lo disponen asignándole un valor a la Función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional y un sendero de crecimiento para ese valor. Y obviamente la diferencia más importante entre los tres proyectos es la magnitud asignada en cada uno.
La ley 25467 que norma el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación sancionada el 29 de Agosto de 2001 establece en su artículo 22 la forma de financiamiento del sistema y concreta en su inciso a) que ” El Estado nacional mediante las partidas presupuestarias asignadas correspondientes a la función Ciencia y Tecnología en la respectiva ley de presupuesto y previstas en los presupuestos anuales”. De acuerdo a la norma, es el presupuesto nacional el que determina las partidas que concurrirán a financiar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Sigue leyendo →
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Publicado en el El Economista del 27 de julio de 2020
El Conicet se encuentra agitado. No solo por sus investigaciones y hallazgos sobre el Covid-19. Parte de sus casi 11.000 investigadores reclaman aumentos de salarios y amplifican en las redes sociales una “jornada de protesta virtual”. Y unos 1.200 becarios, que integran un colectivo de 12.000, demandan otra prorroga de sus becas. El presupuesto del Conicet es notoriamente insuficiente para financiar la actividad de sus investigadores y becarios. Pero este no es un problema de ahora. Tampoco de los últimos cuatro años. Se agravó indudablemente en este último lapso. Pero la inconsistencia entre la velocidad de crecimiento de sus compromisos y el presupuesto asignado es manifiesta desde hace mucho tiempo. Y ante la escasez, el cierre de la ecuación ha descansado en el ajuste de remuneraciones, estipendios y otras partidas imprescindibles para la actividad científica.
